Espaillat, Watson y Coleman, junto con Booker, presentan la Ley del Derecho del Gobernador a Inspeccionar de 2026.
Un nuevo proyecto de ley da continuidad a los esfuerzos del Congreso para aumentar la supervisión y mejorar las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en todo el país.
WASHINGTON, DC – El representante Adriano Espaillat (NY-13) , la representante Bonnie Watson Coleman (NJ-12) y el senador estadounidense Cory Booker (D-NJ) presentaron la Ley del Derecho del Gobernador a Inspeccionar durante el 119.º Congreso. Este proyecto de ley bicameral busca otorgar a los gobernadores el derecho a realizar visitas de supervisión a los centros de detención de inmigrantes para verificar las condiciones de salud y seguridad y garantizar los derechos humanos fundamentales.
Esta legislación surge en un momento de creciente preocupación por las condiciones dentro de los centros de detención de inmigrantes y el desmantelamiento progresivo de los mecanismos federales de supervisión destinados a salvaguardar la salud, la seguridad y los derechos civiles de los detenidos. Durante años, las investigaciones han revelado patrones de trato deficiente —y en ocasiones, abiertamente inhumano—, incluyendo negligencia médica, muertes evitables y condiciones de vida crónicamente inseguras. Varios gobernadores, entre ellos Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, han intentado realizar inspecciones para proteger a las personas detenidas en sus estados, pero las autoridades federales se lo han impedido, impidiéndoles verificar si se están cumpliendo las leyes estatales.
“Casi 50 personas han fallecido bajo custodia del ICE desde principios de 2025, la cifra más alta de muertes en los últimos 20 años, lo que genera gran preocupación por las condiciones de atención médica y las deficiencias en estas instalaciones”, declaró el representante Espaillat . “Presento la Ley del Derecho del Gobernador a Inspeccionar de 2026 para proteger el interés constitucional y cívico de los gobernadores en velar por el bienestar de las personas que residen en centros de detención dentro de sus estados. Dadas las circunstancias extremas que hemos presenciado en todo el país y el deterioro de las condiciones reportado en el centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, debemos hacer todo lo posible para garantizar la supervisión básica de la humanidad, la salud y la seguridad”.
“El caso de Delaney Hall saltó a la fama nacional el año pasado cuando el alcalde de Newark, Ray Baraka, fue arrestado por insistir en que se permitiera el acceso a los inspectores sanitarios para que realizaran su trabajo. Casi un año después, a la gobernadora Sherrill se le impidió primero entrar en Delaney Hall para realizar una inspección similar y luego se le “permitió” el acceso con restricciones, sin acceso completo. Estas instalaciones federales han sido acusadas con fundamento de graves violaciones de las normas básicas de salud y seguridad. La ley federal otorga a los miembros del Congreso el derecho a acceder a estas instalaciones, y extender ese derecho a los gobernadores garantizará una mayor rendición de cuentas por resultados despreciables”, declaró el representante Watson Coleman .
“Ningún centro de detención en Nueva Jersey ni en ningún otro lugar del país debería operar sin una supervisión rigurosa. He presenciado de primera mano las condiciones inhumanas en Delaney Hall y en centros de detención de todo el país, condiciones que deberían alarmar a todos los estadounidenses. Los gobernadores y funcionarios estatales tienen el deber de proteger la salud y la seguridad de las personas dentro de sus fronteras, y los contribuyentes merecen saber qué ocurre dentro de estas instalaciones”, declaró el senador Booker . “Mientras esta Administración continúa deteniendo a más personas que no representan ninguna amenaza para la seguridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales, sino esenciales. Esta legislación garantiza que los funcionarios estatales puedan finalmente exigir responsabilidades a los operadores de estas instalaciones”.
La Ley del Derecho del Gobernador a Inspeccionar garantizaría que a los gobernadores no se les niegue el acceso a los centros de detención de inmigrantes, autorizándolos a realizar inspecciones de salud y seguridad sobre el terreno. Este proyecto de ley es un paso fundamental para complementar los programas federales de inspección existentes y asegurar que los gobernadores tengan capacidad de supervisión dentro de sus estados.
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