Nueva York destina $7.25 millones para asistencia legal de menores migrantes no acompañados
NUEVA YORK. — El estado de Nueva York anunció una inversión de US$7.25 millones destinada a garantizar asistencia y representación legal a aproximadamente 1,400 niños y jóvenes migrantes no acompañados que enfrentan procesos activos de deportación.
La medida fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul, acompañada por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general del estado, Letitia James, en momentos en que aumentan las diferencias entre las autoridades estatales y la administración del presidente Donald Trump en materia de política migratoria.
Del total de menores que recibirán asistencia, más de 250 se encuentran actualmente detenidos, según informó la oficina de la gobernadora.
Nueva York cubre el vacío dejado por un contrato federal
La nueva partida estatal llega después de que el pasado 31 de julio expirara un contrato federal que financiaba servicios legales especializados para menores migrantes no acompañados.
Ante esa situación, la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York (ONA) formalizará contratos por un total de US$7.25 millones con una coalición de organizaciones proveedoras de servicios legales encabezada por la Hispanic Federation.
El objetivo es que los menores que ya enfrentan procedimientos de remoción puedan continuar teniendo acceso a abogados y orientación legal durante sus procesos migratorios.
Hochul sostuvo que ningún niño debería enfrentar solo la incertidumbre y complejidad del sistema migratorio y aseguró que Nueva York intervendrá para mantener disponibles estos servicios.
Mamdani y Letitia James respaldan la iniciativa
El alcalde Zohran Mamdani también criticó la interrupción de los servicios federales y aseguró que Nueva York continuará respaldando a sus comunidades inmigrantes.
Mamdani destacó además que la ciudad ha destinado US$153 millones a representación legal para inmigrantes, junto con iniciativas de orientación sobre derechos disponibles en diferentes idiomas.
Por su parte, la fiscal general Letitia James afirmó que los menores migrantes no deberían verse obligados a enfrentar solos procedimientos judiciales que podrían determinar su permanencia en Estados Unidos.
La decisión profundiza el contraste entre la política migratoria impulsada desde Washington y las medidas que las autoridades de Nueva York han adoptado para limitar la cooperación local con determinadas acciones federales de inmigración y ampliar las protecciones para comunidades migrantes.
Para miles de familias inmigrantes, el debate va más allá de las diferencias políticas: se trata de garantizar que niños y adolescentes tengan acceso a representación legal mientras se decide su futuro dentro de un sistema migratorio complejo.
Por Manuel A. Khoury
Bonches Latinos Media Group
