Washington endurece el cerco sobre Cuba con nuevas sanciones a sectores estratégicos
Por Manuel A. Khoury
Washington.– Estados Unidos volvió a elevar la presión sobre el Gobierno cubano con una nueva ronda de sanciones que apunta directamente a funcionarios y entidades vinculadas con sectores estratégicos de la economía de la isla, profundizando una política que busca reducir las fuentes de financiamiento de La Habana y aumentar el costo de sus operaciones internacionales.
Las nuevas medidas alcanzan a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas, incluyendo al Ministerio de la Construcción y empresas relacionadas con la minería, la metalurgia, el comercio exterior y la contratación de trabajadores.
La decisión representa un nuevo capítulo en la estrategia de máxima presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump, en momentos en que Cuba atraviesa una prolongada crisis económica y energética.
Washington apunta ahora a sectores clave
Entre las entidades sancionadas figuran la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), Acinox Comercial y el Ministerio de la Construcción.
También aparecen ACOREC S.A., Coratur S.A., Transimport y Consumimport.
La administración estadounidense sostiene que varias de estas entidades permiten al Gobierno cubano controlar sectores importantes de la economía y generar recursos destinados a sostener su estructura estatal.
Con las nuevas designaciones, Washington intenta aumentar las restricciones financieras y comerciales alrededor de las empresas señaladas y limitar sus posibilidades de realizar operaciones con compañías y entidades internacionales.
El ICAP entra nuevamente en la mira
La ofensiva estadounidense no se limita al aparato económico.
También fueron sancionados tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su presidente, Fernando González Llort; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusa al ICAP de utilizar intercambios educativos y culturales como parte de una red destinada a ejercer influencia política dentro de Estados Unidos.
Se trata de una acusación de especial gravedad que La Habana rechaza y enmarca dentro de la confrontación política que durante décadas ha marcado las relaciones entre ambos países.
Washington sostiene que las nuevas medidas buscan frenar actividades que considera contrarias a sus intereses y aumentar la presión para lograr cambios políticos y económicos dentro de Cuba.
Cuba responde: las sanciones afectarán a la población
La reacción desde La Habana no tardó.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó al Gobierno estadounidense de actuar deliberadamente para debilitar la economía nacional y dificultar la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos a la población.
El presidente Miguel Díaz-Canel también rechazó las nuevas medidas y reafirmó la posición de resistencia de su Gobierno frente a Washington.
Para las autoridades cubanas, las sanciones forman parte de una estrategia dirigida a agravar las dificultades económicas internas y generar mayor descontento social.
Estados Unidos presenta una lectura completamente distinta: sostiene que el objetivo es presionar al Gobierno cubano y a las estructuras económicas que, según Washington, sostienen al sistema político de la isla.
Una confrontación que se traslada a la economía
La nueva ronda de sanciones confirma que, por ahora, la estrategia estadounidense hacia Cuba se concentra principalmente en el terreno económico, financiero y diplomático.
En las últimas semanas Washington ha ampliado las restricciones contra funcionarios, instituciones estatales y sectores vinculados con las Fuerzas Armadas y la economía cubana.
La presión llega además en un momento particularmente difícil para la población de la isla, afectada por apagones, escasez de combustible, problemas de abastecimiento y una economía que continúa enfrentando serias dificultades.
Ese escenario convierte cada nueva medida estadounidense en parte de un debate más amplio: ¿hasta qué punto las sanciones pueden ejercer presión efectiva sobre el Gobierno sin profundizar al mismo tiempo las dificultades que enfrenta la población cubana?
Mientras Washington insiste en que no dará espacio a estructuras que considera responsables de sostener al Gobierno de la isla, La Habana denuncia una política de asfixia económica.
Lo cierto es que las relaciones entre ambos países vuelven a entrar en una etapa de creciente tensión y, esta vez, el campo de batalla principal parece estar cada vez más concentrado en la economía.
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